Los problemas que enfrenta la sociedad colombiana en la actualidad como el incremento de la pobreza y desigualdad, el cierre progresivo de oportunidades educativas y laborales, la violencia en sus diversas formas, desempleo abierto, subempleo, trabajo de menores, migración, el fenómeno de violencia de la conformación, presencia e incidencia de grupos armados (generando desplazamiento y desmovilización) y en general los bajos niveles de calidad de vida en la mayoría de la población y especialmente en las que tienen menores a cargo, son limitaciones cruciales para lograr un desarrollo integral y competitivo, entendiendo desarrollo integral como el cubrimiento de necesidades básicas y la capacidad para superar las desigualdades económicas y sociales.
El esfuerzo del gobierno nacional por la atención y superación de dichos problemas se ha centrado en una política social caracterizada por la ejecución de un conjunto de acciones más de tipo remedial y asistencial que de promoción y prevención; implementada de manera fragmentada por los diversos sectores y dirigida atomizadamente a segmentos poblacionales, sin reconocer e incidir en las realidades, necesidades y estructuras de grupos poblacionales y familiares. Todo lo cual se ha traducido tanto en dispersión de programas como en multiplicidad y duplicidad de acciones contradictorias, que generan una reducida cobertura e impacto de la inversión social, con altos costos administrativos y de operación.
Por esta razón se refleja falta de coordinación entre entidades ejecutoras de la política social o de programas sociales y de integralidad en sus acciones. Igualmente en los ámbitos departamentales y municipales se presentan limitaciones frente a la falta de voluntad política de los gobiernos para estructurar políticas de largo plazo, ausencia de mecanismos de monitoreo para identificar beneficiarios, baja calidad de los programas que se brindan a la población más pobre, el riesgo político de las propuestas específicas y programas bandera beneficiando a grupos de interés con poder político, dejando de lado las necesidades y contextos reales.
El plan nacional de desarrollo 2006-2010 “Estado comunitario: desarrollo para todos” basado en objetivos centrales como la consolidación de un crecimiento económico elevado y sostenido, con equidad social y plantea reducir la pobreza y promover la igualdad social, especialmente en la consolidación del sistema de protección social y la adopción de los objetivos de desarrollo del milenio garantizando el cumplimiento de metas.
El actual gobierno es conciente que faltan acciones concretas y la disponibilidad de recursos importantes para desarrollar políticas mejor focalizadas y articuladas que garanticen la atención a la población más pobre y vulnerable, con el fin de consolidar un desarrollo y crecimiento económico y una distribución más equitativa.
Por lo anterior planteo que una política social encaminada hacia el desarrollo económico y social requiere de creación y potencialización de conocimiento, actores e instituciones que sean capaces de transformar las estructuras, generar confianza e integrar / articular acciones y procesos dinámicos que generen desarrollo para el territorio. Como lo menciona Boisier en sus observaciones al caso chileno, el desarrollo territorial tiene que ser encarado como una cuestión profesional que requiere de conocimientos específicos, que sólo en mínima parte pueden adquirirse mediante el proceso de “aprender haciendo”…[1]
Una política social debe en primera instancia y de manera prioritaria establecer con claridad el tipo y alcance de intervención del Estado en aspectos como: la regulación, la financiación, la producción pública y la forma en que se deben efectuar las transferencias de ingresos, entre otros. No obstante se plantea la pregunta: ¿hasta donde asegurar que la intervención del Estado es efectiva y no corrupta?, otra de las incertidumbres con la que se cuenta para medir las ineficiencias y los riesgos que puedan surgir.
Paralelamente al rol del Estado y sus intervenciones se debe realizar distinciones entre los diversos grupos poblaciones o comunidades que permitan el diseño de políticas adecuadas y pertinentes que aseguren y transfieran un valor agregado, tales como la acumulación de capital humano o la generación propia de ingresos, a través de estrategias de prevención que permitan realizar intervenciones pertinentes y efectivas.
Por otro lado en el marco de la globalización y la sociedad del conocimiento, especialmente en lo relacionado con el auge de los medios tecnológicos de la comunicación y la información, se requieren cambios sustanciales en el direccionamiento y gestión de los gobiernos regionales y locales para que logren asumir la tarea de prestar los servicios con eficacia y eficiencia a la comunidad, generando capacidad, credibilidad y confianza hacia el territorio, en la medida que dichos resultados, logros y rendición de cuentas trascienda todos los niveles e instancias. Para ello se deben modernizar sus procesos y procedimientos, creando y promoviendo sinergias hacia el mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad institucional como mecanismo efectivo que permita mejorar la gestión y contribuir al logro de los objetivos sociales, políticos, económicos y culturales del territorio.
Finalmente el éxito seguirá dependiendo fundamentalmente de factores como la calidad de las políticas; el funcionamiento de las instituciones formales e informales; los recursos disponibles y de planes, programas y proyectos auto sostenibles, involucrando a la sociedad en la invención de iniciativas que los hagan factibles. Consideraciones que deben tenerse en cuenta para la formulación y ejecución de los planes de desarrollo departamental y municipal que actualmente se construyen, especialmente el del departamento de Cundinamarca “Cundinamarca, corazón de Colombia 2008-2011”, que tendrá una inversión estimada de $3,5 billones de pesos de los cuales el 85% estarán destinados al desarrollo social.
BIBLIOGRAFIA
Núñez, Jairo y Espinosa, Silvia. Pobreza y protección social en Colombia. Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo.
CEPAL, 28 y 29 de junio de 2005, sala medina, reunión de expertos. Políticas hacia las familias, protección e inclusión sociales.
Boisier, Sergio. Crecimiento y desarrollo territorial endógeno. Observaciones al caso chileno. 2001.
Rentería, Carolina. Avances y retos de la política social en Colombia. Departamento Nacional de Planeación-DNP, Octubre de 2007.
González, Jorge Iván. Política social e indicadores sociales en Colombia: una evaluación. 2000.
[1] Boisier, Sergio. Crecimiento y desarrollo territorial endógeno: Observaciones al caso chileno, 2001. Pág. 15.

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